Con el movimiento popular que surgió el 15 de mayo en la Puerta del Sol de Madrid, “los indignados” dieron a conocer sus razones para estarlo. Las tres principales reivindicaciones que hacen los miembros de este movimiento son el desempleo, el derecho a una vivienda y las críticas al sistema económico.

Nos centraremos en comentar el derecho a vivienda, en relación al cual proponen:

  • “La expropiación por el estado de las viviendas no vendidas para colocarlas en régimen de alquiler”.
  • “Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos”.

Pero lo que proponen no es tan fácil de hacer. En un artículo publicado anteriormente en el blog, ya dimos unas pinceladas de la opinión mayoritaria que tenemos en elRealista en lo referente a este tema. Ahora le toca el turno a Francisco Mochón Morcillo, catedrático de Análisis Económico en la UNED, cuya opinión hemos extraído de la revista “El Notario del Siglo XXI” nº 38 (julio-agosto 2011).

Según el catedrático, el derecho a una vivienda es una legítima petición. Sin embargo, argumenta que existen varios obstáculos para “desbloquear el mercado de la vivienda”.

  1. En primer lugar, “habría que reconocer las pérdidas derivadas de la crisis inmobiliaria de las entidades financieras”. De esta manera, procediendo como se hizo a finales de los ochenta en los países nórdicos, podrían aumentar su dedicación a conceder créditos.
  2. Además, es de gran importancia que se “potencie el mercado de alquiler”. Este mercado representa en España el 13%, mientras que en Alemania o Francia es superior al 40%. En estos países de la UE el 20% de los jóvenes de 25 a 29 años viven con sus padres, un porcentaje que en el caso de España asciende al 65%.

             Ante este panorama, es comprensible la indignación de los jóvenes. Y más cuando existen tantas viviendas vacías y sin embargo “los precios se hayan reducido poco”, lo cual es una contradicción. En palabras de Francisco Mochón, los precios siguen siendo muy altos y la oferta en alquiler, bajísima.

              Para potenciar el mercado de alquiler propone tomar varias medidas:

  • Liberalizar los contratos.

 Mochón hace referencia a la Ley de arrendamientos urbanos, que impone una duración mínima de los contratos de cinco años y restringe los aumentos en la renta pagada a la variación del IPC.

  • Aumentar la seguridad jurídica de los propietarios y la rapidez del procedimiento de resolución del contrato en caso de impago del alquiler.

En su opinión, “se debería mejorar la regulación procesal y los medios para poder acelerar los procedimientos, permitiendo que los notarios pudieran acreditar el incumplimiento en el pago del alquiler y declarar el desahucio, en caso de que las partes lo hayan acordado así en el contrato de alquiler”.

  • Suprimir o reducir el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la compraventa de vivienda.

 

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