Muchos son los que pretenden vender una vivienda protegida por encima de su precio máximo permitido, sin tener muy claro que esto es motivo de infracción. Parece que para una pareja mallorquina, este echo puede acarrearles una pena de cárcel de 3 años por un delito de estafa, así como 3.000 € de multa para cada uno de ellos y una indemnización conjunta por la cuantía estafada, de 36.022 euros, para la mujer a la que vendieron la vivienda, por los perjuicios causados.

El precio máximo de venta autorizado era de 169.463 € y la venta se realizó por 205.486 €.

La venta de este tipo de viviendas suele llevar un paso previo de «Autorización de Venta», en el que la administración autoriza y en su caso renuncia a un posible derecho de tanteo y retracto en la venta del inmueble. En cualquier caso es posible también, en ocasiones, la descalificación voluntaria de la protección.

Noticia vista en ABC el 29/04/2012: Piden tres años de cárcel por vender una VPO por encima del precio autorizado